El 13 de julio de 1998 el Pleno del Consell Valencia de Cultura, presidido por Santiago Grisolía, aprobaba el dictamen que dogmatizaba que la Lengua Valenciana pertenecía al mismo sistema lingüístico de los territorios de la antigua Corona de Aragón, manera de disfrazar la entelequia de los países catalanes.

No se atrevieron a decirlo así de claro los cobrantes del CVC y disfrazaron su anhelados deseos con una falacia, los antiguos territorios de la antigua Corona de Aragón, cuando en Aragón no se habla valenciano que se sepa.

El Grup d´Acció Valencianista, que llevó siempre la voz cantante en la defensa de la Lengua Valenciana, hizo acto de presencia en las puertas del Consell Valencia de Cultura el día previsto para la aprobación del dictamen.

La calle estaba tomada por la policía nacional. Los concentrados llevaban pegatinas de “No mos fareu catalans”, huevos y tomates. Allí permanecieron las cinco horas que los del CVC estuvieron reunidos.

En las paredes del edificio ya apareció una pintada con el nombre de Calomarde, el diputado ahora condenado por acoso a una mujer, por haber sido el ponente que le hizo el trabajo sucio del PP en el dictamen. Calomarde ha dejado colgados a sus electores y partido y se ha pasado últimamente al grupo mixto.

La escenografía callejera se completaba con carteles y pancartas llamando asesinos de la Lengua Valenciana a los dictaminantes y contra las paredes se recostaban algunos ataúdes a la espera de que sacaran el cadáver del idioma valenciano.

García Sentandreu, en su libro “Les claus del pacte de la llengua”, cuenta que “el consejero Ricartdo Bellveser, a la sazón redactor jefe de Las Provincias, defensor del pacto, me cuentan que buscaba distanciarse personal e ideológicamente de los `asaltantes´, tratándonos de todo y poniendo en entredicho la cobnerura que su periódico había dado algunas veces a nuestra organización (Grup d´Acció Valencianista). No quiero ser más explícito, pero sus insultos no terminaban en nuestra casa”.

Al término de la sesión, como los manifestantes no deponían sus actitud, la policía tuvo que sacar vergonzantemente a los consejeros en un furgón policial, no sin repartir antes unos cuantos mamporrazos a los concentrados.

La Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia emitió un comunicado sobre el dictamen del CVC en el que criticaba la incapacidad de dicho organismo, bajo gobierno del Partido Popular, para “acometer el encargo de las Cortes Valencianas” de hacer un informe sobre la lengua valenciana.

Uno de los principales puntos que rebatió fue el que el CVC dijera que la denominación de valenciano no es excluyente de otras denominaciones (se refieren al catalán). “Esta afirmación -decía el escrito de la Coordinadora- además de temeraria, constituye una manifiesta infracción de la legalidad vigente pues la denominación oficial de idioma valenciano (art.7º Estatuto Autonomía 1982) es `per se´excluyente e impide la vigencia en el mundo legal de cualquier otra denominación oficial”.

Denunciaba dicho comunicado la “alternativa y estrafalaria” denominación “lengua propia de los valencianos”, que más que denominación era una definición, que junto a las
denominaciones no excluídas sólo pretendían “reducir y poner en entredicho la sustantividad y singularidad del idioma valenciano lo que constituye una clara infracción del mandato constitucional que proclama el principio de seguridad jurídica protegido en el artículo 9.3 de la Constitución Española y viciando de nulidad aquel acuerdo”.

Señalaba el texto la tomadura de pelo del CVC a los valencianos cuando adujo que la competencia normativa sobre el idioma valenciano debería recaer en las Universidades Valencianas, cuando éstas nunca denominaron, y siguen sin hacerlo, a sus departamentos de filología como valenciana, sino catalana. Actualmente, hasta la recién creada Universidad Católica de Valencia, por imposición de la Universidad de Valencia, llama a este departamento de Filología Catalana, no valenciana.

La Coordinadora anunciaba que nunca reconocería un ente normativo salido de dicho dictamen y se mantenía firme en que debería ser la Real Academia de Cultura Valenciana, que viene laborando por la lengua y cultura valencianas desde 1915, la autoridad normativa lingüística.

El 1 de julio de 1998, la Coordinadora anunciaba que plantearía todos los recursos necesarios ante los Tribunales contra este dictamen y todo lo que surgiera de él, especialmente la creación y composición de la Academia Valenciana de la Lengua.