Lo dice la sentencia del Tribunal Supremo. Ojo al Fundamento de Derecho nº 4 de la sentencia, párrafo tercero. No tiene desperdicio. Para que vean cómo se la montan en el Consell y las Cortes.

La Generalitat Valenciana (PP) para evitar que fueran demolidas las obras ilegales hechas por la Generalitat Valenciana (PSOE) alegó que la sentencia era imposible de ejecutar por cuanto que desde 1998, la Comunitat Valenciana tienen Ley propia de Patrimonio, con cuya aplicación “las obras serían conformes a Derecho”.

Es decir, que el PP, que en uno de sus programas electorales tenía como promesa demoler las obras ilegales del Teatro Romano que hizo el PSOE, no sólo ha incumplido lo escrito “negro sobre blanco” -¿te suena Ricardo Costa?- , sino que posibilitó una Ley autonómica para que no fueran demolidas dichas obras, rebajando las exigencias de protección de los monumentos, a través de la Ley 4/1988.

Cabe concluir que nos encontramos en el territorio valenciano con una Ley de Patrimonio descafeinada por el PP, todo por salvarse de desmontar el alicatado de mármol travertino con que ilegalmente lo cubrió el PSOE. Esto es puro chalaneo, desvergüenza y compadreo político. “Hoy por ti y mañana por ti, aunque nos cueste unos cuantos monumentos nacionales”.

Lo deja bien claro la última y definitiva sentencia del Supremo sobre la destroza hecha en el más bello monumento de la Hispania Romana: “Lo que se pretende es la no ejecución de la Sentencia, porque a juicio de la Corporación que recurre la misma no podría ejecutarse al haberse producido un cambio normativo que en el momento de la ejecución permitiría considerar conformes a Derecho las obras que en su día se efectuaron”.

De esta manera tenemos una situación esperpéntica. Una ley nacional muy exigente y respetuosa, defensora del Patrimonio Histórico Artístico, que hizo el PSOE en 1985 (Ley 16/1985, de 25 de junio), que el propio PSOE de Valencia incumplió y transgredió. Y una Ley de Patrimonio Histórico autonómica (Ley 4/1988 de las Cortes Valencianas) impulsada por el PP, muchísimo menos respetuosa y protectora que la nacional, con la que quedarían bendecidas las atrocidades cometidas en Sagunto, con lo que el PP salvaría al PSOE de la sanción política y penal que la barbarie conlleva.

Esperemos que después de 17 años de maniobras políticas en contra de la Ley dejen a la Justicia actuar en paz y restablecer la dignidad quebrantada en el Teatro Romano de Sagunto.