Se habla de “papeles para todos”, de “solidaridad” y de “repatriación”; sin embargo, no se ponen de acuerdo en tomar medidas adecuadas que regulen el flujo migratorio. El político galo reclamó del presidente español la misma solidaridad en esta cuestión que la que Francia ofrece en la lucha contra el terrorismo etarra. Hace unos meses afirmó que era un error la regulación de inmigrantes que impulsó el Gobierno español porque ha generado un “efecto llamada”.

Retrotrayéndonos en el tiempo, el humanista valenciano Juan Luis Vives (1492-1540) en su tratado De subvencione pauperum –Del socorro de los pobres– ya abordó tangencialmente este problema al tratar de la pobreza, la indigencia y la inmigración.

Para nuestro universal filósofo, la beneficencia pública es también una función de salubridad social. Preconiza que intervenga la autoridad para contribuir a resolver los problemas. Es partidario de que los gobernantes de la “res-publica” pongan remedio para que las enfermedades ni prosperen, ni dañen, ni trasciendan. Asevera que incumbe al poder público practicar y regular la beneficencia, combatiendo los abusos que se practican. El Estado, autoridad pública, debe procurar por todo el complejo social.

La pobreza, la enfermedad, la miseria y la inmigración no es cosa que puede ser descuidada por los administradores de la cosa pública, responsabilizándolos, en ocasiones, de no dictar oportunamente las disposiciones adecuadas para el bien gobierno del pueblo y exclamó: “¡Cuánto menos necesaria sería la penalidad, si la previsión hubiera sido otra!”

Vives propone remedios prácticos para acabar con la plaga de pobreza. Sostiene que el Estado y los municipios deben intervenir activamente: “Sepan los regidores que los problemas de esta índole son de su incumbencia” y “nada hay tan libre en su república que no esté sujeto al conocimiento de los que gobiernan”.

También atribuye a la autoridad pública la obligación de velar para que no haya ociosos y procurar trabajo a los ciudadanos según su condición y aptitudes. Medidas que sería conveniente que llevaran a la práctica nuestros gobernantes en el momento actual.

Igualmente diferencia entre los “perseguidos por la guerra” y los “inmigrantes”. Respecto a los primeros, se muestra partidario de que sea la propia nación o ciudad la que acoja a los desplazados de sus lares; en cuanto a los segundos, propone que deben volver al punto de origen, pues manifiesta que a cada ciudad y por extensión al Estado incumbe el deber de atender a los suyos.

Nuestro humanista se preocupó ya en el siglo XVI por la educación infantil, reclamando para los niños el socorro material que necesitasen, buena instrucción, sobriedad, buenas letras, piedad y juicio recto.

Juan Luis Vives, en el último capítulo de su tratado, titulado De subventione rerum , constata las ventajas que se derivarían de la aplicación de estos consejos o medidas: un gran honor a la ciudad, reducción de robos, maldades, latrocinios, delitos y crímenes, mayor quietud y concordia pública, sentido humano y mayor dignidad de vida, amén de una conciencia pública con mayor libertad.

Nuestro autor con sus exhortaciones pretendía que las autoridades tomaran conciencia de la magnitud del problema. Su intención, con la denuncia pública, era que “salieran de la miseria”, a fin de que sean reputados como hombres. Entendía que “no solamente son pobres los que carecen de dinero, sino cualquiera que está privado de salud, o carece de ingenio y juicio”. La función del Estado es prevenir y velar porque el número de ciudadanos que padecen estas vicisitudes sea el menor posible.