Incluso cuando militaba en política, siempre he creído que el acceder a un cargo público gracias al respaldo popular, era un gesto voluntario, además de poseer unas inquietudes ideológicas que plasmasen un sentido de justicia y de servicio a la ciudadanía. Trabajo y esfuerzo servían de recompensa a los románticos de la política.

Pero lo tiempos cambian y, parece ser, los planteamientos también. Hoy priman los intereses de partido, cuando no los personales, por encima de los ideológicos. Las promesas plasmadas en los programas electorales (el PP, con la defensa del valenciano, cuando ha firmado la unidad de la lengua a través de la AVL, y el PSPV dejando a nuestros agricultores sin agua y a nuestra Comunidad sin el bien imprescindible de prosperidad), no se cumplen. Para la historia quedan, alguien los juzgará. Pero a ellos en estos momentos no les importa. Aquí, a diferencia de en otros sitios, los cargos electos no tienen que dar explicaciones ni a sus votantes, ni al resto de ciudadanos; más bien todo lo contrario. Una vez conseguida el acta, muchos hacen gala de su supuesta superioridad (no intelectual, claro), exigiendo adulación, y derecho a casi todo, a los que no hacía mucho tiempo les estrechaban las manos para conseguir sus votos.

La metamorfosis que experimentan muchos de ellos (¿Nadie se ha planteado hacer una tesis doctoral?) los convierte en los nuevos Césares. Lo que pasa es que estos, a diferencia del real, no tienen a nadie detrás que les diga: “Recuerda que eres humano”. Tanto es así, que ahora, desde su Olimpo, los diputados han pensado dar un paso más para desmarcarse (más si cabe) del pueblo.

Los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas han presentado a la Comisión de Gobierno Interior una propuesta para garantizar de forma automática la pensión de jubilación a los diputados que cuenten con dos legislaturas (8 años) y no alcancen el mínimo exigido a cualquier trabajador, sea: jardinero, oficinista, periodista, basurero, albañil o autónomo; de 15 años. Con esta medida pretenden anular lo que hasta hora era una facultad potestativa de la Mesa de la Cortes, y siempre que tuviesen 65 años. Es decir, que si se aprueba esta medida (como está en Madrid), independientemente de la edad y de los ingresos de que dispongan (antes tenían que demostrar estado de necesidad), gozarán de una renta asegurada.

Parece ser que, incluso, tienen resuelto el caso en que salga rechazada la consulta que van hacer a la Seguridad Social, pagando desde el Erario Público la diferencia de los años no cotizados.

El agravio comparativo no sólo es escandaloso con respecto al resto de los trabajadores, que lo es, sino incluso a aquellos como las viudas, a quienes quitan los derechos adquiridos por el esfuerzo del cónyuge, limitándoles las pensiones a cuotas ridículas para su subsistencia.

De llevarse a cabo tan inmoral acuerdo, no nos extrañe que salgan a la palestra nuestros diputados ofendidos, para justificar lo injustificable. Demostrarán que su trabajo no sólo se limita a apretar el botón en función del dedo levantado por el portavoz de su partido, sino que es mucho más laborioso.

No es de extrañar que en la opinión pública gane enteros el descrédito de los políticos y el aumento de la abstención. O que aborrezcan a los que venden su ideología por un sueldo en otro partido, si eso les asegura su futuro económico.

A este paso, y una vez comprobado el chollo, todos los ciudadanos van a querer ser más que diputados, vividores de la Patria . Si la renta vitalicia no es suficiente, en caso de no salir reelegidos, o que por causa de que su comportamiento deshonesto se les inhabilite, siempre habrán empresas amigas donde colocarse.

Menos mal que toda regla tiene su excepción y ha habido, hay y estoy convencido de que habrá, personas que pongan su afán de servicio y de justicia a la ciudadanía. Si no, muchos tendríamos que aplicar la máxima de Morgan: “Sé que algún día podría ser político, pero por ahora prefiero seguir siendo honesto”.